La brecha digital se agranda en las bolsas de marginación en los propios EEUU. El acceso a internet se tropieza con el acceso a la alimentación. El problema no es el acceso «fisicamente» a los servicios de internet, es su precio. La COVID-19 ha aumentado muchas desigualdades, incluida la «brecha de los deberes escolares»
Antes de que el militante «comunitario» Marvis Phillips tuviera una conexión a internet en su piso de 18 metros cuadrados en San Francisco (EE. UU.), dependía del ordenador portátil de un amigo para llevar a cabo sus prolíficas campañas de redacción de cartas.
Phillips escribía cada carta a mano y las enviaba por correo, luego su amigo las mecanografiaba y mandaba los mensajes por correo electrónico y con formularios de comentarios online a los supervisores municipales, a las comisiones de planificación, a las autoridades estatales y a los representantes del Congreso estadounidense a quienes llevaba expresando sus opiniones desde hace más de 40 años.
Durante décadas, Phillips ha vivido en el edificio Alexander Residence, compuesto por 179 viviendas sociales donde, en teoría, el acceso a internet debería ser algo evidente: se encuentra a solo unas manzanas de las sedes de empresas como Twitter, Uber y Zendesk. Pero dado que sus ingresos fijos provienen principalmente de las prestaciones de la seguridad social, Phillips no podía pagar los costes de la conexión de banda ancha ni del dispositivo que necesitaba para conectarse.
A sus 65 años, admite: «Llevaba años deseando estar online, pero tengo que pagar el alquiler, comprar comida, había otras cosas más importantes».
Desde que internet existe, ha estado marcado por una división entre los que lo tienen y los que no, una desigualdad que supone cada vez más riesgos para las personas atrapadas en el lado equivocado de la «persistente brecha digital«. Esa es una de las razones por las que Joe Biden, desde los primeros días de su campaña presidencial, prometió convertir la banda ancha universal en una prioridad.
Pero la pandemia de coronavirus (COVID-19) ha aumentado la urgencia de que Biden cumpla su promesa. La COVID-19 ha aumentado muchas desigualdades, incluida la «brecha de los deberes escolares«, que amenazaba con dejar atrás a los alumnos de bajos ingresos a medida que las clases se volvían online, así como el acceso a la atención médica, a las prestaciones por desempleo, a las comparecencias en los tribunales y, cada vez más, a la vacuna contra la COVID-19 y es que todo eso requiere una conexión a internet (o se lleva a cabo a través de internet).
Sin embargo, la posibilidad de que Biden consiga cerrar esa brecha depende de cómo defina el problema. ¿Se podrá arreglar solo con más infraestructura o se requieren programas sociales para abordar las brechas de asequibilidad y adopción?
La brecha oculta
Durante años, la brecha digital se consideró un problema mayoritariamente rural, y se han invertido miles de millones de euros en expandir la infraestructura de banda ancha y en financiar a empresas de telecomunicaciones para que amplíen su cobertura a zonas más remotas y desatendidas. Este persistente enfoque de caracterizar la brecha entre el entorno rural y el urbano ha dejado fuera a personas como Marvis Phillips, cuyo problema no es la disponibilidad de la conexión, sino el precio de los servicios de internet.
Al inicio de la pandemia, el impacto de la brecha digital quedó muy claro cuando las escuelas pasaron a la educación online. Las imágenes de alumnos obligados a estar sentados en aparcamientos de restaurantes para acceder a sus conexiones wifi gratuitas para poder asistir a sus clases virtuales demostraron cuán amplia sigue siendo la brecha digital en Estados Unidos.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) tomó algunas medidas, pidiendo a los proveedores de servicios de internet que acordaran un compromiso voluntario para mantener los servicios activos y perdonar los recargos por pagos atrasados. La FCC no ha publicado los datos sobre cuántas personas se beneficiaron de ese compromiso, pero recibió centenares de quejas de que el programa no funcionaba según lo previsto.
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