La historia de la economía mundial y española, está llena de momentos en los que los pobres pagan o financian a los más ricos. Una manera siempre ha sido el robo del trabajo realizado por los obreros o los trabajadores más desfavorecidos mediante la explotación o la esclavitud; y otra no menos sangrante se ha realizado mediante el pago de impuestos indirectos, como es el caso de los alimentos, energía… En el tema energético no es novedad, ya que todavía estamos pagando las consecuencias de financiar las energías renovables. La sombra de Zapatero es alargada. La locura de las renovables de Zapatero y el ministro Miguel Sebastián le ha costado a los contribuyentes españoles casi 85.000 millones de euros. Y esta factura no se quedará aquí.
Ahora, se pretende reducir la contaminación de las ciudades; pero para ello se penaliza el parque móvil diesel más envejecido en España, perteneciente a propietarios más humildes.
PSOE y Podemos han preferido no pararse a concretar la subida de impuestos al diésel en el pacto que presentaron el jueves para aprobar los Presupuestos. La idea inicial de Pedro Sánchez era igualar la tributación del gasóleo a la de la gasolina con el objetivo de penalizar la capacidad contaminante de este combustible.
Según los cálculos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta medida supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor que realice unos 15.000 kilómetros al año, por lo que se trata de una medida muy impopular que afectará a millones de conductores. El objetivo de los socialistas con este incremento impositivo es recaudar 2.100 millones de euros.
Pero ninguna de estas cifras aparece en el texto de ambas formaciones políticas. De hecho, la única referencia al diésel en sus 50 páginas se produce en el apartado 10.7 titulado Impulso a las energías renovables y a la movilidad eléctrica. En uno de los párrafos explican lo siguiente:
Poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, estable e ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y/o queden paralizadas hasta la aprobación de nuevas ayudas, como sucede actualmente. El plan contará en el año 2020 con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.
Esto significa que los impuestos que se recauden con la subida del diésel en 2019 tendrán como destino subvencionar al vehículo eléctrico. Estas ayudas serán «estables e ininterrumpidas» hasta 2020.
El efecto directo de esta medida será que los contribuyentes que tengan mayores dificultades para comprar un coche nuevo, es decir, las rentas más bajas, sean los que tengan que costear la compra de coches eléctricos a los conductores de mayor poder adquisitivo. Esta realidad contradice los principios de justicia social que tanto se esfuerzan en proclamar tanto el PSOE como Podemos.
Como ocurre en estos casos, las medidas se convierten en lanzaderas propagandísticas, más que en medidas de justicia social, que equilibren la balanza entre los que más tienen y los que menos.
Medidas burguesas de la supuesta izquierda, sazonan la política contra el Bien Común. Así nos va. Tienen la pirámide de prioridades invertida.
