La dictadura del relativismo: El «derecho a decidir» contra el Bien Común

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El centro y sujeto protagonista  de la vida institucional es la persona humana y todo el orden institucional debe estar orientado a que todas las personas de una comunidad puedan desarrollarse de forma integral. Este desarrollo debe abarcar todas las dimensiones del ser humano, no solo lo material también lo moral y lo espiritual. Pero también implica que nadie puede ser excluido.  El ser humano no es un individuo anónimo de una especie biológica sino que es persona y tiene una dimensión singular única al mismo tiempo que una dimensión social, comunitaria y por tanto política. El ser humano necesita de lo comunitario para su desarrollo y la comunidad se construye con el desarrollo integral de cada ser humano sin excepción de nadie.

El Bien Común es justamente ese bien comunitario y al mismo tiempo personal que permite el desarrollo de todos y de cada una de las personas de una sociedad. No es el interés de la mayoría ni es el interés general.  No es  tampoco un bien pasivo, sino que cada ser humano tiene el deber de trabajar por él de forma protagonista. Justamente de este deber de trabajar por el Bien Común así entendido, propio de la dignidad inalienable de cada ser humano,  nacen los derechos humanos que son las condiciones necesarias que deben ser respetadas para que las personas, individual y colectivamente, puedan asumir la responsabilidad de trabajar por el Bien Común. Por ello, los derechos humanos no son derechos absolutos ni de naturaleza individualista sino que están subordinados al Bien Común y solo desde él se entienden correctamente.

            Por otro lado, en el siglo XXI, el nivel de interdependencia económica, ecológica, tecnológica y cultural de la humanidad es global, es decir hay razones objetivas para considerar que políticamente caminamos hacia una comunidad planetaria. Esta comunidad solo será posible si la actitud moral fundamental es la solidaridad. Hoy el Bien Común tiene naturaleza universal y por tanto solo es moralmente razonable caminar hacia comunidades políticas más amplias que respeten a las personas y a los pueblos que las integran de forma subsidiaria y solidaria.

Hoy el Bien Común tiene naturaleza universal y por tanto solo es moralmente razonable caminar hacia comunidades políticas más amplias que respeten a las personas y a los pueblos que las integran de forma subsidiaria y solidaria.

Romper la solidaridad de una comunidad existente, para defender una posición de privilegio socioeconómico provocando un grave enfrentamiento civil, como lo que se ha producido en Cataluña, en lugar de plantearse levantar y mejorar comunidades más amplias y solidarias, es un atentado objetivo contra el Bien Común. La secesión y la autodeterminación de Cataluña no obedece a un pueblo colonizado, oprimido o explotado por una entidad política superior.

El llamado «derecho a decidir» nunca puede justificar lo que está sucediendo. La soberanía de la voluntad de un individuo o de un colectivo no puede sobreponerse por encima del deber de construir el Bien Común.  En el fondo subyace una concepción falsa de la democracia. La democracia no es un simple procedimiento para definir mayorías, es algo más. Es un sistema que debe estar subordinado al Bien Común de la sociedad y por tanto tiene una hipoteca social y moral a la que no puede renunciar nunca. En democracia ni las mayorías electorales ni las minorías empoderadas tienen  un derecho a decidir absoluto.

La dictadura del relativismo, actualmente hegemónica,  está provocando que el llamado «derecho a decidir» se erija como expresión genuina de lo democrático cuando es justo lo contrario. La absolutización de la lógica de los derechos al margen o en contra de la lógica de los deberes  supone una concepción de la política como lucha de intereses entre partes y no como búsqueda del Bien Común.  El llamado «derecho a decidir» exige necesariamente  la legitimación del Bien Común.

Sin esta legitimación moral objetiva del  «derecho a decidir»,  los derechos de unos terminan anulando los derechos de otros y en definitiva es la imposición  del «derecho» de los fuertes sobre los débiles.

 

Profesionales por el Bien Común

 

 

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